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    Registro e identificación de accionistas de sociedades: proyecto de ley aprobado en Diputados

    5/21/2012

    Con varias revisiones y modificaciones de último momento fue aprobado por Diputados el proyecto de ley de identificación de participaciones patrimoniales al portador y pasa ahora a la Cámara de Senadores

     

    Con varias contramarchas en la última semana, finalmente fue aprobada lo que sería una sexta versión del proyecto de ley el pasado jueves 17 en la Cámara de Diputados, y pasa a consideración de la Cámara de Senadores con el pedido de ser resuelto antes de finalizado el mes de junio.

    Este proyecto llamado "Convergencia Técnica en Materia de Transparencia Fiscal Internacional" surge en diciembre de 2011 como respuesta a los requerimientos realizados en octubre de 2011 que difundimos oportunamente y en cumplimiento de los acuerdos del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Tributaria que nuestro país integra desde el 5to. Foro Global del 1 y 2 de setiembre de 2009.

    1) Comentarios sobre el artículo 2° del proyecto (entidades no residentes)

    En nuestro último comentario mencionamos el contenido del proyecto enviado en el mes de abril al Parlamento, el cual fue sometido a consideración de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que introdujo el pasado lunes 14 algunas modificaciones a pedido del Banco Central que a nuestro criterio excedían innecesariamente las exigencias del Foro Global sobre Transparencia ya mencionado.

    El artículo 2° del proyecto votado en la Comisión mencionada establecía que estaban obligadas a informar al registro las entidades extranjeras con títulos al portador que estuvieran sujetas a inscribirse en el Registro Nacional de Comercio y "las restantes entidades no residentes que desarrollen actividades en territorio nacional". Con ello era necesario identificar a los beneficiarios finales, en el caso de accionistas de participaciones patrimoniales propiedad de personas jurídicas del exterior.

    Afortunadamente a último momento, el Ministerio de Economía envío a la bancada del partido de gobierno modificaciones al proyecto, y el artículo 2° relativo a las entidades no residentes que tengan acciones al portador estableció finalmente que estarán obligados a informar los titulares de participaciones patrimoniales en entidades no residentes pero en la medida que cumplan alguna condición que se establece.

    La primera condición es que la entidad extranjera actúe en territorio nacional a través de un establecimiento permanente.

    La segunda condición es que la entidad extranjera radique en territorio nacional su sede de dirección y control del conjunto de sus actividades.

    Comentamos en particular este artículo por lo relevante que hubiera resultado la redacción del mismo si se hubiera aprobado con otra versión, con lo que no hubiera quedado la llamada "válvula de escape" que permite la tenencia de inmuebles o participaciones accioniarias en el país por parte de sociedades del exterior, sin necesidad de identificar en nuestro país a los beneficiarios finales

    2) Acciones al portador: obligación de informar

    Se establece la obligación a los titulares de acciones al portador u otras partes sociales al portador de comunicar ante el Banco Central del Uruguay (BCU) sus datos identificatorios y el valor nominal de su participación en el capital social.

    3) Cometidos de los organismos involucrados en el registro

    Con buen criterio en las modificaciones anteriores del proyecto, se quitó que la Dirección General Impositiva fuera el organismo que mantuviera el registro de titulares de participaciones patrimoniales.

    El Banco Central del Uruguay deberá recibir y archivar las declaraciones juradas, asegurando su integridad y reserva. También deberá emitir certificados que acrediten el registro y remitir información a los organismos que tengan acceso al mismo.

    Por su parte la Auditoria Interna de la Nación como órgano que cumple funciones fiscalizadoras, tendrá el control del cumplimiento del registro, la comunicación de los incumplimientos, la imposición de sanciones y su recaudación, así como recibir las denuncias con relación al incumplimiento del registro.

    4) Acceso a la información del registro

    El proyecto estable que la información será de carácter secreto, y el acceso estará restringido a los siguientes organismos:

    a) Dirección General Impositiva, siempre que se inicie una actuación inspectiva o en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero y exclusivamente en el marco de convenios internaciones ratificados que se encuentres vigentes

    b) Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos

    c) Justicia de Uruguay por resolución fundada

    d) Junta de Etica y Transparencia Pública

    5) Exclusión de las entidades con acciones nominativas

    Al respecto se eliminó la exigencia que estaba prevista en la primera versión, y no se aplican para este tipo de acciones las mismas obligaciones que a las acciones al portador. Se espera en la nueva normativa la posibilidad de un procedimiento ágil y especial de transformar estatutos con acciones al portador en nominativas, y la posibilidad de su exclusión del registro creado por esta ley.

    6) Régimen de sanciones

    Este proyecto establece sanciones para el incumplimiento de presentar la información requerida ante el registro que llevará el BCU, entre las que se incluye el impedimento para el pago de dividendos o el resultado de la liquidación de la sociedad, con un pago de hasta 100 veces el monto de la multa por contravención establecida en el Código Tributario

    Comentarios finales

    Si bien la "telenovela" con varios "dramáticos" capítulos en la que se ha convertido la consideración de este proyecto de ley permite con la redacción aprobada el cumplimiento de las recomendaciones incluídas en el Informe de Revisión de Pares Fase I, pues permite determinar la titularidad de acciones al portador con la creación del mencionado registro, y en un plazo anterior al final del primer semestre de 2012, de todas formas mantiene las llamadas "válvulas de escape" que permiten por ejemplo la titularidad por parte de entidades del exterior sin necesidad de identificar al beneficiario final.

    También se quitó a la Dirección General Impositiva el poder para mantener el registro de accionistas previsto colocando el mismo en manos del Banco Central del Uruguay con lo que se otorgan mayores garantías, pues ya existe un secreto bancario en dicha institución para el manejo de la información, y solo queda como cometidos de la Auditoria Interna de la Nación lo referente a sanciones y recaudación.

    Cabe recordar que la DGI podrá acceder a la información de los accionistas por la vía administrativa en caso de necesidad, pero en el marco de fiscalizaciones o ante la presunción de defraudación impositiva, o también para cumplir con solicitudes expresas y fundadas de administraciones tributarias de terceros países en el marco de los acuerdos tributarios que suponen intercambio de información, pero en caso de tenencias en poder de entidades del exterior, no se requerirá la información de dicha entidad si no se cumple alguna de las condiciones mencionadas en el artículo 2° del proyecto de ley.

    También interpretamos como la mayoría de la doctrina, que no corresponderá el registro de entidades del exterior con motivo de la tenencia de bienes inmuebles en nuestro país.

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