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    Tercera versión del proyecto de ley de Registro de Accionistas en Uruguay

    4/12/2012

    En el día de hoy el gobierno envió la tercera versión del proyecto de ley que establecerá la obligación de declarar los accionistas de las sociedades en un registro ante el BCU

     

    Hacemos un resumen de la situación, y partimos a finales del año 2011 en que se difundió una primera versión del Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento, para la identificación de los accionistas de las Sociedades Anónimas con acciones al portador o nominativas, que surgió como respuesta a los requerimientos realizados en octubre de 2011 según el informe del Foro Global de Transparencia Fiscal de OCDE que difundimos oportunamente.

    En nuestra firma optamos por no dar difusión a dicho Proyecto de Ley inicial, debido a que contenía clausulas notoriamente perjudiciales para la seguridad jurídica y el derecho a la intimidad y también para el mantenimiento de algunos inversores del exterior en nuestro país, y estábamos en conocimiento de un proceso de revisión que incluiría a destacados consultores y operadores del medio.

    Luego en el mes de marzo se emitió una segunda versión en el que se pautó que el registro quedaría en manos de la Auditoría Interna de la Nación, entre otras modificaciones importantes realizadas, pero ahora finalmente en abril 2012 se elevó una tercera versión por lo que resumimos a continuación los principales aspectos de como quedaría la nueva normativa prevista:

    1) Acciones al portador

    Se establece la obligación a los titulares de acciones al portador u otras partes sociales al portador de comunicar ante el Banco Central del Uruguay (BCU) sus datos identificatorios y el valor nominal de su participación en el capital social.

    Las principales modificaciones respecto a las versiones anteriores consisten en:

    a) se modifica el organismo al que se comunica la información, antes la Dirección General Impositiva (DGI), luego la Auditoría Interna de la Nación,  lo cual en el caso de la DGI representaba un alto riesgo al ingreso de inversores extranjeros, ya que se podía combinar directamente con la entrega de información a otros países en el marco del intercambio de información.

    b) exceptuar a las personas jurídicas extranjeras propietarias de empresas de Uruguay de informar quien es el beneficiario final de la misma, ya que se entiende que dicha información deberá ser proporcionada por el fisco del país de origen, y por lo tanto no se informaría ante el registro

    2) Acciones nominativas

    Al respecto se elimina la exigencia que estaba prevista en la primera versión, y no se aplicarían para este tipo de acciones las mismas obligaciones que a las acciones al portador. Se espera en la nueva normativa la posibilidad de un procedimiento ágil y especial de transformar estatutos con acciones al portador en nominativas.

    3) Otros casos a considerar

    En la primera versión del proyecto se establecía que esas mismas obligaciones de registro serían aplicables a las entidades del exterior que sean titulares de bienes situados en el país.

    En la versión actual se eliminaría la obligación en la medida que la entidad no tenga la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Comercio, por no tener una actividad económica sustantiva. Con ello entendemos que no aplicaría esta obligación para el caso de sociedades del exterior propietarias de inmuebles o un depósito bancario.

    4) Sanciones

    Este proyecto establece sanciones para el incumplimiento de presentar la información requerida ante el registro que llevará el BCU, entre las que se incluye el impedimento a recibir utilidades de parte de la sociedad, y abonar hasta 100 veces el valor máximo de la multa por contravención.

    Comentarios finales

    Si bien conveníamos en que la Auditoría Interna de la Nación era un ámbito más adecuado para mantener el registro de accionistas previsto en lugar de la DGI, entendemos que con la tercera versión del proyecto sería una mejora colocar dicho registro en manos del Banco Central del Uruguay ya que ello otorgaría mayores garantías, pues ya existe un secreto bancario en dicha institución para el manejo de la información, lo cual no estaba estructurado para el caso de AIN.

    Cabe recordar que la DGI podrá acceder a la información de los accionistas por la vía administrativa en caso de necesidad, pero en el marco de fiscalizaciones o ante la presunción de defraudación impositiva, o también para cumplir con solicitudes expresas y fundadas de administraciones tributarias de terceros países en el marco de los acuerdos tributarios que suponen intercambio de información.

    Por último, sería importante considerar que la posible multa prevista se considera que es un tanto exagerada como sanción económica ya que el importe máximo posible previsto estaría en aproximadamente USD 22.500.

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